Palabrería
aparte, no hay ningún indicio
serio de que el Gobierno de Sudán
haya adoptado medidas para detener
el genocidio de Darfur, transcurrida
la mitad del plazo dado el mes pasado
por el Consejo de Seguridad, bajo
amenaza difusa de sanciones, para
que desarme a sus aliadas milicias
árabes, ejecutoras de una
limpieza étnica que viene
de lejos. La ONU, pese a las promesas
de Jartum, daba cuenta esta semana
de renovados ataques de helicópteros
sudaneses y de los Janjawid contra
refugiados que intentaban escapar
de la violencia. Y la organización
Human Righs Watch acaba de denunciar
que en lugar de perseguir a los
mercenarios y detener a sus cabecillas,
Jartum está integrando a
parte de ellos en sus fuerzas de
seguridad.
Poco
cabe esperar en este contexto de
las conversaciones de paz convocadas
el día 23 en Nigeria por
la Unión Africana (UA), a
las que ni siquiera está
confirmada la asistencia de todas
las partes. Y mucho menos del simbólico
envío este fin de semana
de 150 soldados ruandeses a Darfur
para proteger al centenar de observadores
de la UA que tratan de calibrar
la situación militar en la
vasta región occidental sudanesa.
La
mayor catástrofe humanitaria
en marcha, en palabras de la ONU,
cabalga en una de las regiones más
olvidadas del planeta, cuatro meses
después de que Kofi Annan
advirtiera de los riesgos de genocidio
si la comunidad internacional seguía
dando la espalda. Si han muerto
violentamente 50.000 personas, si
un millón ha tenido que huir
de sus chozas, lo peor está
por venir en esta guerra del fin
del mundo que utiliza como métodos,
además del asesinato, la
quema de viviendas y cosechas o
la violación sistemática.
En octubre, con barrizales por caminos,
unos dos millones de personas dependerán
para sobrevivir de la comida que
llegue del exterior. En el mejor
de los casos, estiman los expertos,
más de 300.000 van a morir
de hambre y enfermedades. Para asegurar
una operación humanitaria
de este calado, proteger convoyes
y crear un entorno seguro en una
zona del tamaño de Francia
harían falta al menos 20.000
soldados, diez veces más
de lo que la Unión Africana
estaría dispuesta a enviar
si Sudán lo autorizara, que
no es el caso.
Sobre
las atrocidades de Darfur, que comenzaron
el año pasado, es especialmente
ensordecedor el silencio de la Unión
Europea. La UE está ocupada
en debatir si se trata de un auténtico
genocidio -como atestiguan quienes
lo siguen padeciendo, las organizaciones
humanitarias con acceso a la zona
y el Congreso de EE UU- o sólo
es "una matanza silenciosa
de amplias proporciones".
No
habrá solución milagrosa
para una situación enquistada
por décadas de violencia,
desamparo y miseria en el país
más grande de África.
Pero resulta evidente la inutilidad
de una negociación de buena
fe con un régimen tan dividido
y corrupto como el del presidente
Omar al Bachir, caracterizado por
años de abusos contra los
derechos humanos -basado en argumentos
de raza, seguridad, religión
o ideología- y una interpretación
sangrienta de la identidad sudanesa.
Lo
que suceda en adelante en Darfur
va a depender básicamente
de la actitud occidental. EE UU
y la UE pueden tener argumentos
para no impulsar en estos momentos
una intervención militar
que pueda inflamar los ánimos
árabes y resultar contraproducente
en el incendiario clima iraquí.
Pero es imprescindible que las democracias
poderosas, abanderadas de derechos
y libertades, presionen a Jartum
de una manera creíble, utilizando
la amenaza de sanciones contundentes,
para forzar al menos su aceptación
de fuerzas pacificadoras africanas,
que por otra parte nunca llegarán
si los países ricos no pagan
por ellas y proporcionan la logística
necesaria.
De
lo contrario, la inevitable conclusión
es que esta tragedia de proporciones
bíblicas sucede porque Darfur
está donde está, mas
allá de los circuitos informativos
y de los intereses estratégicos.
Del otro lado de esa valla que separa
el mundo de quienes tienen derechos,
o algún derecho, de aquel
otro cuyos habitantes, en el mejor
de los casos, cuentan exclusivamente
a efectos estadísticos.
