Menos de la mitad de los socios de la Unión Europea (UE) han entregado hasta ahora -aunque el plazo oficial terminó el 31 de marzo y el 1 de mayo para los países recién incorporados- sus planes nacionales de asignación (PLA) de emisiones contaminantes para el cumplimiento de los acuerdos de Kioto. La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente a seis países, entre ellos España, y la comisaria de Medio Ambiente, la sueca Margot Wallströn, ha calificado de insuficientes y poco estrictos los planes nacionales recibidos. Han presentado planes definitivos a la Comisión Europea Alemania, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Reino Unido, Eslovenia y Lituania, y han hecho públicos borradores de sus PNA Portugal, Bélgica, Italia, Letonia y Estonia. Francia, Grecia y España no han presentado todavía documento alguno y Chipre y Malta gozan de un tratamiento específico en este tema.

Los derechos de emisión y su comercio están planteados con el objetivo de facilitar y abaratar a los Estados el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto (una reducción del 8% de las emisiones de gases de efcto invernadero en el periodo 2008-2012 frente a las de 1990 en la UE). El régimen cubre aproximadamente un tercio de las emisiones totales (casi el 50% de ellas son CO2).

La posibilidad de comprar y vender derechos entre empresas debe garantizar el objetivo de reducir la cifra total de emisiones al menor coste posible. Los planes de asignación reparten entre empresas y sectores los compromisos nacionales sobre emisiones asumidas por cada Estado miembro de la UE.

La mayoría de los PNA de emisiones contaminantes que ya han sido presentados ante la Comisión abogan por criterios de reparto de emisiones similares a los defendidos en España por el conjunto de las compañías eléctricas, salvo Iberdrola, que mantiene una posición diferenciada, y por los nuevos entrantes del sector eléctrico.

El grueso de estos planes apuesta por una asignación gratuita de los derechos y por un criterio de reparto entre instalaciones basado en las emisiones históricas, y no en el de las emisiones previstas en el futuro. Cuatro de los 11 planes conocidos (los de Italia, Portugal, Irlanda y Holanda) prevén recurrir, en porcentajes que oscilan entre el 6% y el 20%, al uso de los mecanismos de flexibilidad recogidos en el Protocolo de Kioto (inversiones para reducir contaminación en países en desarrollo, reforestación, etcétera) para el cumplimiento de los objetivos. Las eléctricas españolas propugnan también la adopción de esta fórmula.

La posibilidad de la subasta

Los planes de Irlanda y Dinamarca, por otra parte, son los únicos hasta ahora que recogen la posibilidad de aplicar un procedimiento de subasta és la asignación de una parte de sus derechos de emisión (un 0,75% del total en el caso irlandés y un 5% en el danés). Extrapolando los datos de los planes hasta ahora conocidos, el volumen de derechos subastables en Europa no llega a los dos millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del total de derechos asignados.

Salvo Italia, que ha adoptado la referencia de las emisiones previstas para el futuro en el caso del sector eléctrico, el criterio de reparto fijado en el resto de PNA conocidos asigna los derechos atendiendo a las emisiones históricas de las instalaciones (una mayoría opta por contabilizar los periodos 1988-2001 o 2002).

Los planes de asignación publicados, según estudios comparativos realizados por eléctricas españolas, reconocen también la necesidad de ir acometiendo reducciones de emisiones en los sectores afectados por la directiva, entre 2005 y 2012, con el objetivo de afrontar en esta última fecha las exigencias del Protocolo de Kioto.

El volumen de emisiones asignado en los PNA publicados está en todos ellos por debajo de las emisiones previstas en escenarios económicos normales, es decir, en escenarios donde no existiese la necesidad de reducir emisiones.

En general, los esfuerzos de reducción de CO2 previstos en los distintos planes oscilan entre el 15,1% de Dinamarca y el 1% del Reino Unido. Las eléctricas españolas propugnan una reducción del 6,4% en España. Las reducciones fijadas para las eléctricas en los PNA oscilan entre el 5% y el 10%, aunque Irlanda las fija en el 2% y Dinamarca en el 28% (este país tiene un elevadísimo nivel de emisiones: 0,64 toneladas de CO2 por megavatio hora generado en 2001).

Los planes de asignación holandés e irlandés, que recurren a los mecanismos de flexibilidad ante la imposibilidad de reducir físicamente las emisiones hasta los límites de Kioto, especifican que será el Estado quien aporte los fondos necesarios para la compra de derechos de emisión o para créditos de proyectos CDM (Clean Development Mechanism) y JI (Joint Implementation).

La posibilidad de agrupar instalaciones ha sido incorporado explícitamente por varios de los planes publicados hasta ahora y sólo uno, el de Reino Unido, lo prohíbe expresamente.

España aumentó sus emisiones un 40% desde 1990

España es uno de los países que no ha hecho los deberes respecto al Protocolo de Kioto y a los acuerdos de la UE para su aplicación. Ha incrementado casi en un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990, frente al compromiso adquirido de limitar al 15% su crecimiento, y todavía no ha presentado su Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión a la Comisión Europea.

El Ministerio de Medio Ambiente va a hacer pública en los próximos días una agenda de encuentros sobre el futuro PNA con empresas y sectores afectados. "El retraso acumulado por el anterior Gobierno del PP nos obliga a concluir en dos meses los trabajos para su elaboración", ha señalado Arturo Gonzalo, secretario general de Cambio Climático.

El nuevo Gobierno pretende tener culminado un borrador del PNA en las próximas semanas, con la idea de remitirlo a Bruselas y evitar sanciones por el incumplimiento (debería haberlo remitido antes del 31 de marzo), y tras un periodo acotado de información pública y enmiendas cumplimentar su redacción definitiva antes del 1 de octubre.

La mayoría de los países de la UE, en los planes de asignación publicados hasta ahora, combina objetivos de fomento de nuevas energías y renovables y de eficiencia energética con otras de apoyo, por razones económicas y sociales y de independencia en los suministros, al sostenimiento de sus sectores tradicionales. Un cierto apoyo al carbón, pese al grado de emisiones contaminantes que comporta, figura en muchos de los PAN recibidos ya por Bruselas y muy especialmente en los de Portugal y Alemania.

A estos argumentos invoca la mayoría de las empresas del sector eléctrico español, con la excepción matizada de Iberdrola, en su propuesta a la Administración sobre asignación de derechos de emisión.

Propugnan una asignación gratuita y basada en las emisiones históricas de todos los derechos, la agrupación de instalaciones para el reparto y un mantenimiento de las emisiones de 2002, aunque no se cumplan estrictamente los límites de Kioto, con un incremento de un 1% en el periodo 2005-2007. Defienden asimismo la utilización de los mecanismos previstos de flexibilidad y reclaman para su sector el 54% de los derechos que se adjudiquen.

Iberdrola, por su parte, propugna que se "sobreasignen" derechos de emisión al resto de los sectores afectados por Kioto (cemento, refino, siderurgia, vidrio, papel y cerámica, entre otros), que, a su juicio, tienen menor capacidad de adaptación tecnológica que la industria eléctrica.