Una proposición de ley presentada por el PSOE el pasado diciembre, cuando aún estaba en la oposición, consiguió elevar del 3% al 5% la reserva de plazas para los discapacitados en los empleos de la Administración. Pero en realidad nunca llegó a cumplirse ni el primero de los compromisos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denuncia que en la Administración pública ese porcentaje de plazas asciende actualmente entre el 0,6% y el 0,7%. En la empresa privada, con un compromiso limitado al 2%, las cosas no van mejor y todo depende, según el Cermi, del impulso o la permisividad que impriman las autonomías.

No es fácil encontrar un colectivo que, ante el cambio de Gobierno, no eche mano del tan mencionado nuevo talante para depositar en él esperanzas de futuro a corto plazo. Los discapacitados también esperan del Gobierno socialista la satisfacción de algunas demandas pendientes. "Zapatero ha hablado mucho de que su mandato será el de los servicios sociales, de los que todavía no hay una ley general que garantice determinados derechos", explica Luis Cayo Pérez, director técnico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Esta organización agrupa a más de 2.000 asociaciones y sus datos cifran en 3,5 millones los discapacitados en España, entre los que incluyen a aquellas personas que, por su edad u otras razones, dependen de los cuidados de otros, de los que se encargan, en general la familia y, en particular, las mujeres.

En el Cermi saben que el desempleo y la inactividad voluntaria se ceban entre los discapacitados. De los 3,5 millones que tienen contabilizados, dos millones son mayores de 65 años, luego fuera de la edad laboral. Del resto, unos 800.000 son inactivos y 600.000 pretenden ser trabajadores, pero sólo lo han conseguido 200.000 de ellos. Así pues, quedan 400.000 desempleados y 800.000 personas inactivas, que alguna relación tienen con el paro. Lo explican en el Cermi: 200.000 de esos 800.000 discapacitados inactivos cobran una pensión no contributiva y del resto no se conocen sus circunstancias. Pero los que cobran esa pensión, que no alcanza los 300 euros mensuales, no siempre dan el salto para buscar un trabajo porque podrían perderla y no volver a recuperarla.

Ese extremo se matizó en 1997 y se consiguió que la recuperación de las pagas fuera automática, pero lo que ahora esperan es que prospere una proposición de CiU que permita compatibilizar la pensión con el sueldo de trabajo. "Eso les permitiría acceder a pequeñas ocupaciones o empleos por horas".

"El máximo consenso"

El límite es que ambas retribuciones no superen el salario mínimo interprofesional, 460 euros en la actualidad. "Propusimos al anterior Gobierno que si entre ambas pagas superaban ese salario se descontara de la pensión un 50% del excedente", explica Luis Cayo Pérez. Pero no aceptaron.

La secretaria de Estado de Discapacidad, Amparo Valcarce, que admite los datos que baraja el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha explicado a este periódico que el Gobierno estudiará con interés este extremo, pero que quiere hacerlo "con el máximo consenso y en el contexto del Pacto de Toledo", puesto que se trata de pensiones.

Para los que buscan trabajo de forma activa la Administración reserva un 5% de las plazas que saca a concurso público. Un porcentaje que no se cubre ni de lejos. No es fácil que los discapacitados accedan a algunos de esos empleos porque se necesita un nivel de estudios que pocos tienen. También en esto la población discapacitada sale perdiendo. De tal forma que si en una oposición se reservan 10 plazas, es posible que 9 de ellas queden descubiertas.

"Lo que nosotros proponemos es que esas plazas se acumulen para futuras oposiciones y que puedan cubrirse en empleos acordes a las posibilidades del discapacitado; y que se financien con fondos europeos cursos para preparar estas oposiciones", explica Luis Cayo Pérez.

Como todo esto no ocurre aún, las contrataciones de discapacitados de la Administración pública no llegan a lo comprometido. Se quedan entre un 0,6% y un 0,7%. El Gobierno defiende en este punto un "turno específico para discapacitados" en las oposiciones que evite el incumplimiento sistemático de la ley. Valcarce consideró clave la formación, sobre todo en nuevas tecnologías con fondos públicos.

Canarias y Madrid

En la empresa privada, las cosas no están mucho mejor, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aunque no tienen datos para acreditarlo. Dicen que depende en exclusiva del afán que muestre cada comunidad autónoma por cumplir esa reserva de empleo del 2% en aquellas empresas con más de cincuenta empleados. Canarias, explican, es uno de los mejores ejemplos de funcionamiento y Madrid, de los peores, a pesar de que sus muchas empresas tiran del empleo de los discapacitados sin mucha premeditación.

Para algunas empresas cumplir ese porcentaje es complicado y la ley se flexibilizó en 2000 ofreciendo alternativas para casos excepcionales: se les permitía contratar determinados servicios con empresas de empleo protegido cuya plantilla esté compuesta por un 70% de discapacitados, como poco; o bien contratar con discapacitados autónomos, o, por último, hacer donaciones a asociaciones que beneficien al colectivo.

Por su parte, las organizaciones sociales han pedido que se les incluya en los diálogos sobre iniciativas dirigidas a las personas con capacidad, algo que no se hizo en el II Plan de Empleo de estas personas.

La cuarta pata

Además de las reivindicaciones concretas, con las cifras en la mano, los discapacitados creen que también es ya hora de cambiar el discurso y llevarlo al terreno de los derechos: pasar del cobijo de la "caridad" o la "sensibilidad" al que proporcionaría la cuarta pata que falta en España "y que tienen en Europa". "Ya tenemos derechos educativos universales, derechos sanitarios, un sistema de pensiones pero faltan los derechos sociales. Ahí entramos nosotros".

El secretario técnico del Cermi, Luis Cayo Pérez, se queja de que en este país no hay aún una ley general de servicios sociales que proteja de forma automática al discapacitado. La secretaria de Estado de Discapacidad dijo que esta cuarta pata de servicios sociales es, "en efecto, un objetivo fundamental del Gobierno porque es una asignatura pendiente, y uno de los asuntos que más nos separa de la UE, la dependencia".

En el Cermi también recuerdan que "Zapatero ha prometido que en dos legislaturas habrá creado el sistema social necesario para cubrir estas carencias y que en estos primeros cuatro años atendería al 60% de los que tienen una dependencia grave. Dijo que se contaría con 1.000 millones de euros".

Luis Cayo Pérez subrayó también el "importante papel que pueden desempeñar empresarios y sindicatos si no olvidan a los discapacitados cuando negocien los convenios colectivos".

España y Europa

"España es uno de los países europeos en los que se observa una menor proporción de personas con discapacidad que trabajan", advierte el Consejo Económico y Social (CES) en el informe La situación de las personas con discapacidad en España, que se presentará hoy. Y explica que aunque los Centros Especiales de Empleo para estas personas han crecido en los últimos años existen problemas que les han hecho "apartarse del objetivo de ser un puente de empleo protegido ordinario", tales como "la elevada tasa de temporalidad y la integración en sus plantillas de trabajadores con un grado de minusvalía medio o bajo".

El estudio, de 223 páginas, será presentado por la secretaria de Estado de Servicios sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo. Este informe pone de relieve algunos problemas de cuantificación estadística del colectivo de personas con discapacidad en España y expone las iniciativas que deben adoptarse relacionadas con las políticas de empleo, educación, sanitarias, así como las prestaciones económicas, los servicios sociales y las políticas de accesibilidad que se deben mejorar

En relación con el empleo, este organismo señala que debe asegurarse el cumplimiento de la cuota acordada de puestos de trabajo en las administraciones públicas "estableciendo un turno independiente del general y adaptando las pruebas a las condiciones específicas de cada aspirante discapacitado". También sugiere que se establezca "una cuota de reserva en la contratación eventual y en las pruebas de interinidad".

En las compañías privadas, prosigue el informe, se "debe asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de puestos de trabajo en las empresas de más de 50 trabajadores, mejorando la respuesta de los Servicios de Empleo a las solicitudes empresariales de trabajadores con discapacidad e intensificando la actuación de la Inspección de Trabajo".

El CES también propone diversas medidas para mejorar la información sobre este colectivo, tales como que el Observatorio de la Desigualdad realice recopilaciones periódivas de información sobre esta población y efectúe el seguimiento sobre el conjunto de los aspectos de la discapacidad para conocer el impacto de las políticas y recursos destinados a estos colectivos. También resalta la necesidad de incluir preguntas específicas sobre el empleo de los discapacitados en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.