Adela
Cortina es catedratíca de
Filosofía y ëtica Política
en la universidad de Valencia
En
el mundo político hacen fortuna
a veces rótulos que en el
lenguaje académico tienen
un cierto contenido y, sin embargo,
al pasar a la vida corriente ven
difuminarse sus contornos hasta
no saber ya bien qué significan.
Éste fue el caso del "patriotismo
constitucional", del que han
echado mano tanto líderes
del PSOE como del PP, y está
siendo actualmente el de "democracia
deliberativa". Cierto que en
su larga historia la democracia
se ha visto acompañada de
calificativos como directa, indirecta,
representativa, elitista, participativa,
congregativa o consocional, pero
el que hoy está de actualidad,
en la vida académica y en
la política, es el de deliberativa.
Lo cual está muy bien, sólo
que cabe preguntar si una tal forma
de democracia no está tan
lejos de la que tenemos que es imposible
encarnarla, incluso es hasta descabellado
perseguirla como ideal. Y no porque
resulte indeseable, o porque no
sea una forma de democracia auténtica,
incluso la más auténtica.
Sino porque para tejer ese cesto
se necesitan unos mimbres tan distintos
de los que tenemos que sus pretensiones
no pueden ni admitirse a trámite.
Curiosamente, el término
"deliberación"
nació en la vida política
antes que en la vida personal. Los
ciudadanos atenienses deliberaban
en la asamblea antes de tomar decisiones,
ponderaban públicamente los
pros y contras de las alternativas
posibles en las distintas cuestiones,
como expresará más
tarde el verbo "deliberar",
del latino "libra", es
decir, balanza. Delibera quien "considera
atenta y detenidamente el pro y
contra de los motivos de una decisión
antes de adoptarla, y la razón
o sinrazón de los votos antes
de emitirlos". Ahora bien,
¿sobre qué se delibera?
En política, según
la tradición aristotélica
que más tarde prolonga el
republicanismo, ante todo sobre
lo justo y lo injusto. Y en esto
consiste esencialmente la política,
en que los ciudadanos deliberen
sobre lo justo y los injusto, porque
lo otro, la coacción, la
violencia y la imposición
no son todavía política,
sino prepolítica. De donde
se sigue que con el rótulo
"democracia deliberativa"
nos referimos a la entraña
misma de la democracia, porque si
ha de ser el demos, el pueblo, el
que gobierna, tiene que hacerlo
a través de la deliberación,
no de la agregación de votos,
menos aún de la imposición.
En efecto, el punto de partida en
una sociedad libre es el desacuerdo
de preferencias o de convicciones,
y no hay sino tres caminos para
llegar a una decisión común:
la imposición, que no es
un procedimiento democrático;
la agregación de preferencias
o de intereses, que se suman en
público y se sigue lo que
decida la mayoría; o la deliberación,
que pretende transformar públicamente
las diferencias para llegar a una
voluntad común. Como bien
dice el politólogo David
Crocker, el "agregacionista"
está convencido de que los
ciudadanos forman sus preferencias
e intereses en privado, y después
en público no pueden hacer
sino sumarlos y optar por la voluntad
de la mayoría; mientras que
el "deliberacionista"
cree posible formar una voluntad
común a través de
la deliberación, no sobre
todas las cuestiones, pero sí
sobre algunos asuntos de justicia
ineludibles.
El deliberacionista entiende entonces
la deliberación como una
piedra filosofal capaz de transformar
afirmaciones como "yo prefiero
esto" o "me interesa aquello"
en "queremos un mundo en que
tal cosa sea posible". Es el
paso del "yo" al "nosotros"
a través de la formación
democrática de la voluntad.
Por eso, a la hora de tomar decisiones
vitales que afectan a todos, quien
defiende la democracia deliberativa
valora sobre todo el momento de
las propuestas, el intercambio de
argumentos y justificaciones para
avalarlas, el acuerdo entre las
partes acerca de qué compromisos
adquiere cada una para llevar a
cabo lo que le corresponde y actuar
conjuntamente; mientras que el defensor
de la política agregativa
incide sobre todo en la decisión
final, que normalmente se toma por
votación.
Hablando de estos asuntos estábamos,
durante un curso en la UIMP de Santander,
y recordando que hoy defienden la
política deliberativa autores
como Habermas, Gutmann, Barber o
Crocker, cuando se planteó
el pequeño problema de si
cambiar o no de aula. Argumentos
había para los dos gustos
y tiempo escaso, con lo cual el
conserje me preguntó: "¿Por
qué no votan?", y acabó
de un plumazo con el discurso deliberativo.
Necesita tiempo la deliberación,
de eso no hay duda, y el tiempo
suele ser un recurso escaso. Pero
en la vida política necesitaría
muchas cosas más: un Parlamento
y un Senado convertidos en cámaras
deliberativas, donde el intercambio
de propuestas argumentadas en temas
nucleares pudiera llevar a cambiar
las posiciones iniciales y llegar
a una voluntad común; partidos
acostumbrados a la deliberación
interna, y dispuestos en la externa
a no ser "electoreros",
a no tomar un punto de vista en
cada asunto -el que sea con tal
de que difiera del contrario- y
defenderlo a toda costa para conseguir
votos, generando en cada tema esa
"construcción partidista
de la realidad", del "conmigo
o contra mí", que destroza
la vida pública.
Y
necesita también la política
deliberativa ciudadanos capaces
de participar en las discusiones,
con las mismas oportunidades de
hacerlo, con los conocimientos suficientes
como para tomar posiciones bien
informadas, y dispuestos a asumir
la tarea que les corresponda en
la decisión común.
Amén de una opinión
pública que les sirva de
foro de debate, cuando la nuestra
es la "era de la imagen"
que acaba reduciendo el número
de interlocutores a quienes tienen
ya una imagen hecha.
Pero ni hay tiempo suficiente para
todo esto -se dirá-, ni las
Cámaras están pensadas
para el debate, sino para la votación
en bloques sin fisuras, ni los partidos
van a cambiar sus estrategias internas
y externas, ni los ciudadanos pueden
acceder en pie de igualdad a la
opinión pública, ni
están dispuestos a asumir
la parte queles correspondería
en los acuerdos. Por eso los deliberacionistas
siguen citando los mismos experimentos
(Porto Alegre, en Brasil; Villa
del Rosario, en Perú, y algún
otro), todos en países en
desarrollo y en lugares con dimensiones
manejables, pero no hay modelo deliberacionista
para Estados nacionales, ni siquiera
para comunidades autónomas.
¿Qué quieren decir
entonces quienes siguen proponiendo
en la vida política una democracia
deliberativa? A mi juicio, pueden
querer decir dos cosas al menos,
bastante diferentes entre sí.
Por una parte, pueden querer decir
que, a la hora de tomar decisiones,
conviene aumentar las negociaciones
con los sectores más afectados,
y potenciar debates sobre diversos
temas en la esfera pública;
pero sin modificar el funcionamiento
de las Cámaras, ni tampoco
las estrategias de los partidos
o la incidencia de los ciudadanos
en la vida política. Con
lo cual se da por bueno que la política
agregativa es insuperable, que los
diálogos pueden ser a lo
sumo negociaciones de intereses
en conflicto y no un medio de transformar
preferencias privadas en metas comunes.
De donde se sigue que puede haber
a lo sumo "poliarquía",
como decía Robert Dahl, pero
no democracia, y que el republicanismo
es una palabra vacía.
Pero es posible también seguir
creyendo en que los ciudadanos pueden
hacer algo más que sumar
intereses y atenerse a la mayoría,
que son capaces de convertirse en
un pueblo con aspiraciones compartidas
y propósitos comunes en cuestiones
de justicia. Y para convencerse
de ello es preciso ir a las bases,
cuando hay en ellas experiencia
de deliberación: a los comités
y comisiones de ética en
las distintas esferas de la vida
social, cuando tratan de encontrar
con argumentos lo mejor para sus
beneficiarios; a los hospitales
y centros de salud, a las universidades
y centros escolares, a la acción
de los jueces, a los comités
de las empresas, a las comisiones
de medios de comunicación,
a los ayuntamientos, a las asociaciones
profesionales; a todos estos lugares
cuando se toman en serio las metas
por las que existen, y no las traicionan
contentándose con la negociación
y la suma de intereses.
Potenciar la deliberación
en todos ellos permite hacerla creíble
y mostrar con hechos que ése
debería ser el procedimiento
habitual en la vida cotidiana para
decidir con justicia en cuestiones
vitales que afectan a todos. Que
debería convertirse en costumbre
el diálogo de quienes están
dispuestos a argumentar y también
a dejarse convencer con argumentos,
y lo otro, el recuento de votos
sin auténtico diálogo,
debería ser lo excepcional,
no digamos ya la imposición.
Una convicción semejante
tendría que alcanzar poco
a poco a las Cámaras y los
partidos, si el rótulo "democracia
deliberativa" quiere significar
algo operativo en la vida política.