Paz y Justicia: El Protocolo de Kioto

¿Qué es el Protocolo de Kioto?

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional, que promovió la ONU, destinado a frenar uno de los mayores problemas ambientales -si no el mayor- de nuestro planeta: el llamado “efecto invernadero”.

El “efecto invernadero” nace de la actividad industrial y humana de los países desarrollados. Tal actividad produce una serie de gases contaminantes que se van acumulando en la atmósfera, y crean en ella una capa que concentra el calor sobre la superficie terrestre, del mismo modo que lo hace el plástico de un invernadero. Al mismo tiempo, esos gases van destruyendo lenta pero inexorablemente la capa de ozono que protege nuestro planeta de los rayos dañinos que nos llegan del Sol.

El protocolo de Kioto fue firmado en esa ciudad nipona el 11 de diciembre de 1997, y se estipuló que entraría en vigor el 16 de febrero de 2005, dando tiempo, así, a que cada país fuera tomando las medidas oportunas.

¿Hasta qué punto es grave el “efecto invernadero”?

La gravedad del “efecto invernadero” es enorme. Como decíamos arriba, los gases contaminantes que contempla el Protocolo de Kioto forman como un muro que rodea a la Tierra:

Ese muro impide que el calor que emite nuestro planeta -tanto el proveniente del lógico calentamiento por el sol, como el que produce la actividad humana- se disperse, por lo que la temperatura de la atmósfera va aumentando poco a poco: se produce el calentamiento global.
Ese muro impide que la atmósfera se renueve, por lo que los gases contaminantes no se eliminan y se suman a los ya existentes en la atmósfera.
Y, por último, esos gases van destruyendo una de las capas que rodea al planeta protegiéndole de los rayos nocivos del sol: la capa de ozono.

Diciéndolo crudamente: el “efecto invernadero” impide que salga de la Tierra lo peor que se produce, y favorece que llegue de fuera lo peor que envía el Sol. Todo ello tiene consecuencias gravísimas:

El aumento de la temperatura del planeta supone que el hielo de los polos y los glaciares se esté licuando, lo que conlleva, nada menos, un aumento del nivel del mar. Mares y océanos están ganando terreno a las superficie seca de la Tierra, cambiando –o rompiendo- los ecosistemas, conduciendo a la desaparición a los deltas y su benéfico influjo, impidiendo los cultivos de costa, amenazando a las poblaciones ribereñas y costeras, etc.
Tampoco hay que pensar mucho para comprender que el calentamiento global tiene consecuencias devastadoras para la agricultura y la ganadería, aumenta las zonas desérticas, favorece la propagación de enfermedades tropicales, cambia los ciclos vitales de numerosa flora y fauna...
Y esto sin olvidar que la ruptura de la capa de ozono hace que aumenten en el ser humanos algunas formas de cáncer, especialmente el de piel.

Téngase en cuenta, en fin, que el calentamiento global se hace especialmente peligroso por dos razones. Por una parte, no es algo que se note de un día para otro, sino que sus efectos van apareciendo casi insensiblemente de generación en generación, por lo que corremos el riesgo de no hacer caso a este problema (sabido es que el ser humano tiende a no considerar algo como un problema hasta que no me toca a mí directa y gravemente). Y, por otro lado, hay que decir que el calentamiento puede llegar a un punto sin retorno, a un punto en el que el problema sea de tal magnitud que ya no haya solución.

¿Y por qué no dejamos de usar esos gases tan peligrosos?

Los gases que provocan el efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los carburos hidrofluorados y perfluorados, y el hexafluoruro de azufre.

El problema es que suprimir por completo esos gases supondría, actualmente, prescindir de muchos aparatos de aire acondicionado, de neveras, de aerosoles, de plásticos, de algunos sistemas de calefacción, de muchos procesos industriales, y de un largo etcétera que incluye nada más y nada menos que... ¡los coches, los camiones, los autobuses...!

Como no podemos esperar a que la ciencia encuentre soluciones alternativas a toda esa larga lista, el Protocolo de Kioto empuja a que se produzca una reducción drástica en todos aquellos campos en los que ya es posible emplear formas de producción menos contaminante. Pero no sólo. De hecho, aunque en los primeros años de desarrollo del Protocolo de Kioto casi toda la investigación se centraba en evitar emisiones contaminantes, actualmente la línea de trabajo se inclina más a lo referente al sistema energético mundial, del que se ve que debe dar un giro de 180 grados hacia la búsqueda y utilización de energías diversas, limpias y renovables, dejando de lado los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.

Esto afecta, sobre todo, a los países industrializados. pero también las naciones en vías de desarrollo tienen su parte. Ellas son –piénsese, por ejemplo, en los colosos chino e indio- quienes van a sufrir primero los efectos más demoledores del problema, y a ellos es a quien primero hay que ayudar para dotarles de recursos que permitan, a la vez, su industrialización y su no emisión de contaminantes.

¿Quién y cuándo tiene que aplicar el Protocolo de Kioto?

El origen del Protocolo de Kioto hay que buscarlo en la Cumbre de la Tierra que, convocada por la ONU, de celebró el año 1992 en Río de Janeiro (Brasil). Allí se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, en sus siglas inglesas). La Convención entró en vigor en 1994, auspiciada por 188 países. Tres años más tarde, en Kioto (Japón) se aprueba el Protocolo de esa Convención, que acuerdan 180 países, dándose de plazo hasta 2005 para que cada cual fuera preparándose. Y, en ese 2005, empezar la reducción de emisiones, que debe estar cumplida en 2012. Lo malo es que ese plazo de preparación ha servido también, desgraciadamente, para que de los países que firmaron el acuerdo en 1997, se hayan descolgado 39, de modo que, finalmente, el Protocolo ha sido ratificado por 141.

En esos 141 países los hay tanto industrializados como subdesarrollados. Los industrializados, que son 30, adquieren la obligación legal de reducir sus emisiones de los seis gases dichos arriba de “efecto invernadero” en un 5,2% de media respecto a lo que emitiera cada uno en 1990, y que esto deben hacerlo entre 2008 y 2012; pueden empezar antes, claro, pero la obligación legal afecta a ese periodo). Los países de la Unión Europea se comprometen a una reducción media del 8% (un reparto interno de la propia Unión ha ampliado o reducido a los diversos países europeos las metas fijadas en Kioto); Japón tiene que reducir un 7% y Estados Unidos -que, como se dirá, no ha ratificado el Protocolo- un 6%.

Por su parte, los países subdesarrollados se comprometen a no llegar a determinados niveles contaminantes, a la vez que pueden “comprar” emisiones de gases a los países desarrollados, siempre dentro de los límites prescritos. Esa “compra” les beneficia, pues se trata de que la industria concentrada en el Primer Mundo vaya en parte a esos países, beneficiándoles a ellos -si el provceso se hace bien, claro, y no fomentando la explotación laboral- y permitiendo a los países desarrollados que se desprenden de esas industrias reducir sus cifras de contaminación.

Pero, ¿todo eso no hace que aplicar el Protocolo sea un jaleo?

La dificultad a la hora de aplicar el Protocolo de Kioto y vigilar su cumplimiento no está en las muchas cifras que hay que manejar. Por complejos que sean los cálculos que haya que hacer para comprobar si cada páis cumple o no, está claro que tenemos medios sobrados para hacer ese seguimiento.

El auténtico problema es que a esas cifras se le puede buscar la trampa. Imaginemos una fábrica de aparatos de aire acondicionado situada en España. Ese tipo de industria genera varios de los gases contaminantes que limita ekl Protocolo de Kioto, por lo que los dueños de la fábrica (sean personas o sea una multinacional) deben adaptar toda la fábrica hasta que reduzca en un 8% sus emisiones.

Hasta ahí todo va bien... mientras no hablemos de dinero. Esa adaptación cuesta dinero. Y a lo mejor los dueños de la fábrica echan números de cuánto les cuesta reducir ese 8% en España, y cuanto les cuesta montar una fábrica nueva en, por ejemplo, India, donde se ahorran salarios, seguridad social, problemas con los sindicatos, y donde, en suma, la explotación del ser humano les permite un aumento de beneficios económicos. Puede resultar un tanto brutal dicho así, pero es la realidad de cómo funciona nuestro industrializado Primer Mundo y de dónde provienen muchos de los productos que comprados en el mercado o usamos en nuestra vida cotidiana (incluyendo, probablemente, el ordenador con que se está escribiendo esto).

Tal es el auténtico problema al que los garantes del Protocolo de Kioto tendrán que estar muy atentos. El acuerdo de Kioto no vale para nada si sólo se mira el dinero y el presente, y no se tiene la ética de pensar en el bien de TODOS. Nosotros no nos vamos a morir por el cambio climático, pero quién sabe que Tierra tendrán nuestros tataranietos. Da lo mismo que la fábrica esté en España o en la India: para el planeta Tierra, lo importante es que contamina. De hecho, da mucho que pensar el dato de que los países industrializados, con el 20% de la población mundial, somos responsables de más del 60% de las emisiones actuales.

Y si un país no cumple el Protocolo, ¿qué pasa?

Es cierto que el Protocolo de Kioto contempla que los países que no hayan cumplido los objetivos en 2012, tendrá que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por 1,3. Además, en la Unión Europea también están previstas multas económicas. El problema es quien impone esa sanción. Y es que el qué hacer si un país no cumple aquello que se comprometió en el Protocolo de Kioto escapa al protocolo. En realidad, es un problema de política internacional, pues, en estos momentos del desarrollo humano, sólo existe un organismo superior a las naciones: el Tribunal Penal Internacional (TPI). Pero es claro que este tribunal sólo puede ocuparse de delitos, y no es éste el caso (dejando aparte que no todos los países reconocen la autoridad del TPI).

Por tanto, lo único que en teoría podría hacerse es acordar por el resto de países una serie de sanciones, esencialmente económicas, al país que rompiera lo acordado. Y, como decía la fábula, a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. Si el país incumplidor pertenece al Tercer Mundo lo único que faltaba era que, encima, tuviera sanciones. Y si es un país del Primer Mundo, ¿se van a atrever el resto a enfrentarse a él?

De hecho, y sin tener que esperar a ver quién cumple o no en 2012, ya ha habido casos donde, en teoría, se podía haber hecho algo. Por ejemplo con el país más contaminante del mundo: Estados Unidos. Pero a ver quién sanciona al todopoderoso gigante norteamericano (EE.UU. ha preparado un plan propio cuyo objetivo es reducir la intensidad de sus emisiones en un 18% en 2012 respecto a 2000; tal plan supone que sus emisiones reales habrán aumentado entre un 16% y un 26% respecto a 1990 según cifras oficiales, y más de un 30%, según estudios independientes). O tres cuartos de lo mismo con la poca conocida pero muy fuerte económicamente hablando Australia, que también se ha descolgado de Kioto. O a ver quién hace frente a Rusia y a Japón, que, si bien sí han ratificado Kioto, han logrado tras mucho imponerse que la reducción de emisiones que tienen que conseguir sea bastante menor que la que debían conseguir a partir de su mucha emisión de contaminantes.

Hoy por hoy, pues, lo único que cabe es esperar a ver qué pasa en 2012 si es que, ojalá que no, algún país no cumple lo pactado.

Pero para lo que no se está esperando es para ver qué se va a hacer después de 2012. Y es que, aun suponiendo que todos los países se ajusten al protocolo de Kioto, eso no es más que un primer paso en la lucha contra el calentamiento global. Hay que ver cómo mantener lo conseguido y, sobre todo, como mejorarlo y multiplicarlo.

Y hay que verlo ya, porque esa contención de emisiones del 5,2% de media que estipula Kioto ya se sabe hoy que apenas tiene influencia en el calentamiento. Varios institutos de prospectiva en el mundo estudian la cuestión. Por su parte, la Comisión Europea considera que habrá que reducir las emisiones entre un 15% y un 20% hacia 2050 respecto a 1990. Y numeroso colectivos plantean para el Tercer Mundo, aunque no sólo, modelos de desarrollo sostenible, que conjuguen el crecimiento económico con la preservación del planeta.

Por eso parece claro que el futuro no irá sólo, como ahora, por reducir en los países desarrollados los contaminantes, sino que se contemplarán varios enfoques, plazos flexibles y nuevos incentivos, incorporando además, de alguna manera, a los países en vías de desarrollo.

Así, tras mucho debate y no pocos rifirrafes, en la última Cumbre del Clima, celebrada en diciembre de 2004 en Buenos Aires (Argentina), se acordó celebrar en el 2005 una reunión en la que, aunque no se especifica, tampoco se prohíbe abordar la cuestión del régimen futuro.

¿España está cumpliendo el Protocolo?

La Península Ibérica tiene el triste honor de ocupar el primer puesto en la lejanía europea respecto a lo marcado en Kioto. Portugal es el país que más se aleja, y España el segundo.

Para hacer frente a esto, el actual gobierno del Partido Socialista ha creado un grupo interministerial que afronte desde muy diversas pero complementarias perspectivas el desafío de Kioto.

¿Se logrará? Los especialistas dicen que el gobierno puede hacerlo para la fecha límite de 2012 si fomenta el no depender tanto del petróleo dando paso a las energías renovables (eólica, solar...) y limpias (biomasa, térmicas con el calor terrestre, etc.), y, a la vez, hace planes serios -y no meramente testimoniales- de cooperar con países en vías de desarrollo para que ellos puedan tener parte de nuestra industria (sin esclavizarles a ellos y sin aumentar parados nosotros).

¿Y a los españoles nos va a salir caro ajustarnos a lo acordado en Kioto?

Sindicatos, economistas y otros estudiosos no ven especialmente caro ajustarse al protocolo de Kioto si se mira un poco más allá del puro y duro hoy. Y es que, aunque es evidente que hacer menos contaminante nuestra industria adaptándola al uso de energías renovables y no contaminantes supone una fuerte inversión, tal chorro de dinero se amortiza a la larga, pues esas energías no contaminantes son infinitamente más baratas que las actuales que dependen del carbón, el petróleo y el gas natural. Es caro, por ejemplo, poner un molino de viento, o hacer edificios con paneles solares. Pero, una vez hecho, ni el viento cobra por soplar ni el sol pasa factura por mandarnos sus rayos.

De todos modos, cuando se habla de dinero es raro encontrar un acuerdo total. De hecho, es curioso que, en España, las dos grandes industrias que más se pelean en este asunto son las dos grandes eléctricas: Iberdrola cree que España puede cumplir con Kioto y Endesa dice que va a salir demasiado caro. En fin.

Y como a río revuelto ya se sabe que ganancia de pescadores, suenan voces diciendo que la única forma de no perder dinero es aumentar el uso de lo que ellas consideran una energía limpia, la nuclear. Pero hay que evitar esa tentación, muy rentable para unos pocos y extremadamente peligrosa para todos. Está más que demostrado que no hace falta echar mano del riesgo atómico, pues hay otras energías más limpias, igual de baratas, que tampoco se agotan... y que no son una bomba en potencia.

De todos modos, nadie niega que España va a tener que hacer un fuerte desembolso. Casi mil instalaciones industriales hacen cuentas para ajustarse lo más posible a las cantidades de derechos de emisión gratuitos que se les han adjudicado. Las cifras que jalonan el camino de Kioto para la industria española (eléctricas, refinerías, cementeras, siderúrgicas, papeleras, y de cal, vidrio y cerámica) son duras: emisión de un máximo de 160,28 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) al año hasta 2007 (para el conjunto del país la cifra es de 401 millones de toneladas); 957 instalaciones afectadas; y límite de emisión de 88 millones de toneladas anuales para el sector clave: el eléctrico. El coste de cumplir con la norma, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, es de unos 85 millones anuales.

Para terminarlo de empeorar, cuando aún no se ha estrenado el plan del Gobierno, que trata únicamente de que no se disparen -no ya que se reduzcan- las emisiones en el periodo de prueba 2005-2007, imponderables climáticos han complicado el asunto. Las olas de frío de enero y febrero han hecho batir todos los récord de consumo energético en hora punta, obligando a trabajar a pleno rendimiento a todas las centrales de generación, nuevas y viejas, de carbón, de fuel y de gas. Sólo en unos días de enero, el sector eléctrico gastó casi el 12% de los derechos que tiene para todo el año. En las empresas temen que, si el año de sequía se confirma y el verano es caluroso, tendrán que acudir al mercado de derechos de emisión para adquirir sobrantes de otras empresas y seguir funcionando sin penalizaciones. Los aires acondicionados a pleno rendimiento y los pantanos vacíos son una mezcla peligrosa en el cóctel económico-ambiental.

Nadie, ahora, está en condiciones de adelantar cuánto puede costar adaptar la realidad a las normas aprobadas por el Gobierno. O lo que es lo mismo: cuántos derechos habrá que comprar finalmente y a qué precio. Desde el sector energético se ha adelantado la cifra de hasta 400 millones de euros. Pero el mercado apenas ha arrancado y el precio del derecho (quizá entre 5 y 10 euros) está por fijar.

"España puede cumplir y no con unos costes exorbitantes", afirma Heikki Mesa, experto de cambio climático de WWF/Adena. Señala entre las medidas clave, el plan de fomento de las energías renovables y la estrategia de ahorro y eficiencia energética, pero puntualiza que lo esencial es la voluntad política. "Parece que el nuevo Gobierno si tiene una voluntad clara de cumplimiento del Protocolo de Kioto", dice Mesa. "Esto es una clara señal a los sectores implicados de que hay que cumplir y de que se puede lograr".

También en Greenpeace España consideran que es posible cumplir con el compromiso del cambio climático "La cuestión es que se quiera hacer y poner los medios adecuados", afirma José Luis García, de dicha organización ecologista. "El cambio de actitud del Gobierno ahora es muy claro; creo que los planteamientos son muy diferentes respecto a los Gobiernos anteriores".

El responsable de medio ambiente de Comisiones Obreras, Joaquín Nieto, considera que "todavía estamos a tiempo de cumplir con Kioto", sobre todo si se recurre a los programas de cooperación con países en vías de desarrollo.

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Pero es que, además, esta discusión sobre el coste económico en el presente no debe ser la principal. Lo decía bien en febrero de 2005 la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona: "Se habla del coste de cumplir con Kioto. ¿Cuál es el coste de no actuar?".

El calentamiento global no es una entelequia, ni una posibilidad entre mil. Es una realidad comprobada fehacientemente. Y no habría cosa que le saliera más cara a la especie humana como destrozar el planeta en el que vive. Y esto se puede concretar en España, y ver si cumplir Kioto es caro o no (en el fondo, se trata de ver si salvar la propia vida es caro). Y se puede concretar en España gracias a los más de 400 folios del estudio coordinado por el catedrático de Ecología de la universidad de Castilla – La Mancha, José Manuel Moreno. El estudio, que no tiene parangón en Europa, ha sido elaborado por encargo del Ministerio de Medio Ambiente, con el trabajo de 50 autores y la colaboración de 400 científicos.

Y el informe no puede ser más claro: ya en estos momentos, el cambio climático está produciendo en España más calor, menos lluvias, subida del nivel del mar y pérdida de playas, cambios en la fecha de floración de plantas y en la reproducción de especies, daños en la agricultura y disminución de turistas. ¿Es caro cumplir Kioto?

Moreno es muy claro en su prospectiva: "El cambio climático no es cosa de mañana, sino de ayer. Está aquí y los indicios se empiezan a ver. Tenemos que intentar mitigarlo, pero también adaptarnos".

El inquietante panorama que describe el estudio contempla dos posibilidades: que en 2100 la concentración de CO2 duplique la actual (escenario optimista) o que la concentración sea un 120% más que la actual (escenario pesimista). Lo aterrador es que, en cualquiera de los dos casos, las consecuencias serían brutales:

TEMPERATURA. En el siglo XX, la temperatura en España ha subido un grado centígrado. La previsión de los científicos para el XXI en la península es un incremento relativamente uniforme de 0,4 grados por década en invierno y de 0,7 grados en verano. En verano y en el interior, donde más aumentará la temperatura, será a final de siglo hasta siete grados más que actualmente. Habrá más olas de calor, con la mortalidad que causan.
LLUVIA. El estudio predice una disminución general de lluvias en primavera y verano en toda la península. Sólo aumenta algo la precipitación en el noroeste en otoño y en el oeste en invierno. Las zonas de España con clima húmedo, en el norte, pasan a ser subhúmedas.